La Fiscalía General de la Nación insistió este martes en que "no participó" en los acuerdos suscritos por el Gobierno en lo que tiene que ver con las suspensiones de las órdenes de captura y los beneficios que se están obteniendo por miembros de la FARC.

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, que se encuentra en España, fue preguntado hoy por la prensa sobre si las liberaciones de guerrilleros durante las últimas horas estarían, según su criterio, dentro de la "justicia para la paz".

"Cuando se trate de delitos relacionados con el conflicto o con ocasión del conflicto, ellos deben ser de conocimiento de la jurisdicción especial de paz, que apenas se está integrando en Colombia", comentó Martínez.

Entre tanto, la Fiscalía General de la Nación sigue siendo "el órgano competente para investigar todos esos casos de altísima criminalidad y, de hecho, mantenemos en la actualidad la competencia", aseguró.

Según se publicaba ayer en la prensa colombiana, dos de los miembros de las FARC condenados por el atentado con coche bomba frente al edificio de Caracol Radio en Bogotá en agosto del 2010 obtuvieron la libertad condicionada en el marco de la Justicia Especial para la Paz (JEP).

Unos días antes, medios locales informaron de que un juzgado de ejecución de penas dejó en libertad a otro integrante acogido al sistema de JEP tras ser condenado como responsable del atentado en febrero de 2003 contra el Club El Nogal de Bogotá, que dejó 36 muertos.

Martínez y su colega español, José Manuel Maza, firmaron hoy un un convenio de colaboración general para la persecución de delitos y manifestaron la voluntad de investigar de forma conjunta el "caso Acordeón", llamado en España "caso Lezo" y relacionado con un escándalo de supuesta corrupción en el Canal de Isabel II, empresa pública de aguas de la región de Madrid.

EFE